BÚNKER PLAYA-SOL. CONFLICTOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ENCLAVES DE CAPITAL TRANSNACIONAL TURÍSTICO ESPAÑOL EN EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA

Publicado: 13/07/2011 en América, Documentos
Etiquetas:

Varios miembros del Grup d’Investigació en Sostenibilitat i Territori de la Universitat de les Illes Balears, concretamente Maciá Blázquez,Ernest Cañada e Ivan Murray, han realizado el siguiente e interesante estudio sobre, como bien dice el título:

“Los conflictos derivados de la construcción de enclaves de capital transnacional turístico español en El Caribe y Centroamérica”.

El estudio no tiene desperdicio y nos otorga un fiel reflejo de lo que existe detrás del conocido turismo de masas y de las grandes transnacionales, os facilito el mismo:

(Resumen)

La lógica neoliberal defiende el turismo transnacional por su supuesto efecto de goteo de la riqueza –trickle down–, basándose en que el consumo suntuario beneficia a la colectividad. Pero la acumulación por desposesión –del suelo, los recursos naturales e incluso la cultura– y la polarización que eso implica determinan situaciones de empobrecimiento, conflicto y miedo. El turismo global protagonizado por el capital transnacional en los espacios periféricos ha recurrido al encierro en enclaves “todo incluido” –hoteles, urbanizaciones cerradas o cruceros– a modo de búnker. Tomamos como ejemplo la transnacionalización del capital turístico español. Las cadenas hoteleras baleares ejemplifican el proceso de acumulación por desposesión en El Caribe y Centroamérica. Éstas han recibido el respaldo y subvención de los Estados anfitriones y de los gobiernos español y balear. Su difusión e implantación han supuesto la mercantilización turística del territorio y los recursos naturales. Además, han conllevado un proceso de gentrificación (elitización) del espacio por los usos turísticos, y una desposesión de las poblaciones locales.

Inicio

Nuestra exposición se organiza en cinco apartados: uno teórico, dos de análisis del origen y el destino de la inversión, y los dos últimos sobre los particulares de la urbanización turística y sus consecuencias. El primero define someramente la geoeconomía y la geopolítica de la actividad turística en el marco neoliberal de la globalización financiera, con la desregulación (o reregulación) y el reforzado papel del Estado corporativo o empresarial. El segundo ejemplifica este fenómeno en el caso español, y más particularmente en el balear, como espacio centrípeto de acumulación por desposesión en manos de cadenas hoteleras. El tercero se centra en el proceso de internacionalización de las cadenas hoteleras baleares hacia el principal destino geográfico de su actividad: El Caribe y Centroamérica. El cuarto pormenoriza la acepción de enclave turístico como espacio de gentrificación y monopolio de la ganancia y, a su vez, de exclusión social. Y el quinto y último muestra y caracteriza los conflictos derivados de la implantación de este modelo de desarrollo turístico en El Caribe y Centroamérica en base al capital de origen balear[1].

El capital se va de vacaciones. El turismo como vía de acumulación del capital:

El orden internacional actual deriva de la articulación de un marco de relaciones sociopolíticas y económicas –con presiones, tensiones y contradicciones–, que acaban por adquirir regularidades o pautas articuladas. La hegemonía socioeconómica del capitalismo y del llamado “libre mercado”, en una sucesión de ciclos sistémicos de acumulación, es posible por el apoyo de estados hegemónicos que encabezan el dominio del armamento, las finanzas, la información y la tecnología[2]. Tras la Segunda Guerra Mundial, el poder político-militar estatal y el del capital en sus diferentes expresiones definieron un orden internacional marcado por la expansión del capitalismo fordista (los “treinta gloriosos”) y la configuración de unas coreografías del poder político en torno al conflicto de bloques (capitalista y soviético). Ese orden no estuvo exento de tensiones tanto dentro de los espacios centrales como en la periferia del sistema-mundo[3].

Las empresas transnacionales (ETN) han adquirido poder al rebufo de los Estados que se sitúan en la cúspide del orden internacional (EEUU, UE, Japón, Rusia, China… que componen el G8 o el Consejo de Seguridad de la NNUU), con su apoyo crediticio y en pro de la llamada desregulación internacional, que en realidad se sustenta sobre una potente intervención del Estado corporativo o neoliberal, para facilitar su expansión e integración en economías de escala[4]. La financiarización de la economía, y la mutación del dinero en que se fundamenta, favorece a las ETN que atraen el ahorro mundial hacia sus derechos sobre valores –acciones, futuros y otros derivados–, que, como el propio dinero, son pasivos no exigibles que se consolidan como un potente instrumento de control y dominio socioterritorial, ostentado por los espacios centrales, sus corporaciones y sus élites. De esta manera, buena parte del crecimiento y expansión de las grandes transnacionales se ha realizado mediante absorciones de otras empresas, realizando simplemente el pago mediante sus propias acciones[5]. La cobertura institucional de los Estados para con las ETN alcanza la paradoja de consentir, o fomentar, los paraísos fiscales, como máximo exponente de la liberalización que cancela la función fiscalizadora pública. En el panorama del capitalismo financiero global, los paraísos fiscales han adquirido un papel relevante ya que actúan de válvula de escape de buena parte del capital. Más allá de su función promotora de la opacidad financiera, los paraísos fiscales hacen competencia discriminatoria –dumping–, alentando la rebaja de la presión fiscal y el descontrol de la criminalidad por parte de los Estados[6]. En este orden de cosas, los paraísos fiscales juegan un papel funcional de primer orden en la redefinición de las lógicas del poder, con el reforzamiento de las clases dominantes característico de la revolución neoliberal[7].

El capital turístico ha participado y ha sido un agente destacado de la globalización capitalista. También podría decirse que el turismo por su dimensión internacional ha sido una especie de laboratorio de dicha globalización[8]. Los factores que permitieron el proceso de creciente expansión territorial del turismo tras la caída del Muro de Berlín incluyen: la arquitectura institucional del multilateralismo (bajo tutela de los EEUU), la expansión y aplicación de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación), la proliferación de nuevos instrumentos financieros y el predominio de las lógicas financieras como eje central del régimen de acumulación flexible, la caída del precio del petróleo dando inicio a lo que se ha llamado los “veinte años de petróleo barato” y el consenso social en torno a la cultura del capital (consumismo)[9].

La globalización del capital turístico se ha fundamentado en el diferencial de renta (y precios) característico del desarrollo geográfico desigual, lo que proporciona mayores tasas de beneficio a la empresa transnacional en red. Esta ventaja sólo se ha podido conseguir con el desplazamiento de las denominadas “periferias de placer” hacia las semiperiferias del sistema mundo capitalista[10]. El contraste entre los turistas internacionales y la comunidad local empobrecida se resuelve mediante el enclave de estaciones turísticas integradas, bajo control del capital transnacional[11]. El turismo internacional se establece así en avanzadilla de los intereses centrales, aunque sin abandonar la ventaja posicional de las “Islas de orden y temor en medio de océanos de entropía y pobreza”[12]. De esta manera, la deslocalización de la producción turística es parcial ya que mientras que la planta hotelera se desplaza hacia los espacios periféricos, los cuadros de mando y, sobretodo, de gestión financiera se mantienen en los espacios centrales. La producción turística, como en el resto de actividades económicas, está crecientemente ligada a las lógicas financieras. A pesar de ello, el elemento esencial del negocio turístico sigue siendo la comercialización de las estancias turísticas, por lo que la producción del espacio sigue siendo un aspecto clave.

La producción turística del espacio pone en evidencia la polarización socioterritorial. La difusión del capital turístico global, protagonizado básicamente por las ETN, en las periferias del placer se ha materializado territorialmente en enclaves turísticos –resorts, urbanizaciones cerradas (gated communities) o cruceros turísticos–. Estas soluciones espaciales responden, en buena medida, a las retóricas del miedo como ocurre en los espacios urbanos, por ejemplo con los cerrados latinoamericanos[13], donde resultan nuevas geografías del miedo[14]. Además, la cadena de valor (monetario) turístico suele quedar atrapada exclusivamente en esos enclaves turísticos, dejando a “los otros” y “las afueras” al margen del reparto del valor (monetario) turístico. Así, pues los espacios del miedo y del capital convergen y se refuerzan.

El negocio turístico-inmobiliario ha extendido las lógicas de acumulación del capital hacia las periferias de placer, potenciando la mercantilización[15] que aprovecha el diferencial de renta para acceder al recurso suelo. El capital se ha alimentado del endeudamiento crediticio atraído por la acumulación de “bienes raíces”. Después de la caída de los valores tecnológicos (new economy) y la redefinición del marco financiero tras de los atentados del 11-S, se inició una nueva fase expansiva del capital financiero global estrechamente vinculado al negocio inmobiliario. Los espacios turísticos se convirtieron en diana de buena parte de los flujos de capitales internacionales, interesados en el desarrollo inmobiliario asociado al turismo. La producción de suelo se alzaba así como una de las principales vías de acumulación[16]. La desregulación y la competencia entre países para atraer el capital internacional han favorecido la competencia interestatal para captar su inversión. Los estados empobrecidos del Sur compiten para ofrecer al capital escenarios institucionales menos exigentes: con entornos ambientales contaminables, recursos naturales sobreexplotables, tierras, agua y ecosistemas enajenables, población subcontratable, estatalización de los gastos en infraestructuras (de transporte, abastecimiento, dotaciones, equipamiento, etc.), exenciones fiscales mediante la instauración de zonas francas de exportación o accediendo a la expatriación de beneficios, por ejemplo, en zonas francas de exportación. Además, la corrupción político-empresarial protagonizada por la clase dominante local e internacional resulta ser un elemento clave de las lógicas sistémicas, como ha ocurrido en los países centrales de donde parte el capital. La experiencia del litoral mediterráneo español salpicado de procesos judiciales por corrupción vinculados al negocio turístico-inmobiliario así lo acredita y muestra la vulnerabilidad democrática que acompaña estrechamente este tipo de desarrollo económico[17].

La clase dirigente definió buena parte de las nuevas periferias turísticas del Sur Global después de la crisis de la deuda de los años ochenta. Los países que tradicionalmente habían jugado un papel agroexportador en la etapa del capitalismo fordista vieron como ese modelo se derrumbó después de la crisis de principios de los setenta. La abundante liquidez del momento permitió que muchos Estados empezasen a acumular una notable deuda que acabó arrastrándolos después del aumento de los tipos de interés del dólar en 1979 (el shock Volcker). A partir de entonces los precios del petróleo empezaron a caer, dando inicio a los “veinte años de petróleo barato”, lo que arrastró al resto de materias primas a la baja. La combinación de aquellos factores establecía las condiciones para una nueva ronda de acumulación por vías diferentes a la agroexportadora, aunque esa no se abandonaba definitivamente[18]. En el caso centroamericano este cambio de escenario se evidencia con la profunda transformación que experimentan todos los países de la región en sus fuentes primarias de obtención de divisas. De este modo, la región transita de una economía agroexportadora a un modelo de inserción en el mercado internacional basado en las remesas, la maquila, antiguas y nuevas formas de agroexportación y con un peso creciente del turismo.

Además, en el caso de Latinoamérica y particularmente en América Central y El Caribe, la difusión de la actividad turística jugaba un papel geopolítico esencial como vacuna, administrada por los EEUU, contra el avance de los movimientos de liberación popular[19].

La emergencia del neoliberalismo favorece a este negocio turístico-inmobiliario mediante la financiarización internacional, la libre movilidad de capitales, la libre implantación geográfica de las actividades productivas y especulativas, o la privatización de empresas y propiedades públicas; que se solapan, sin recato de su incongruencia, con medidas de proteccionismo estatal favorecedoras de “sus” corporaciones empresariales. Se trata del Consenso de Washington, promovido por el neoliberalismo por medio de la Reserva Federal norteamericana y el Fondo Monetario Internacional[20]. El Consenso de Washington se articuló a finales de los ochenta y establecía la hoja de ruta para disciplinar a los países periféricos azotados por la crisis de la deuda externa, especialmente los latinoamericanos. Este nuevo orden económico internacional incluía un paquete de medidas a aplicar conocidos como PAEs (Planes de Ajuste Estructural) que se administraron en toda la región en la década de los noventa, dando lugar a una etapa de fuerte expansión del capital, desigualdad social y conflictos socioecológicos[21]. Este entorno favorece la concentración empresarial mediante fusiones y adquisiciones, en las que han participado las cadenas hoteleras baleares, de la mano de los grandes operadores turísticos europeos[22]. Por ejemplo, el 75% del mercado de paquetes turísticos del Reino Unido está en manos de cuatro operadores turísticos y el 80% del alemán en manos de sólo tres[23].

El turismo, en la mayoría de sus modalidades, contribuye a la formación y reproducción de las clases sociales y a la expansión acumulativa del capital[24]. No se trata, por lo tanto, de una actividad neutra, sino que agrava la inequidad y la polarización social, limitada al disfrute de una minoría de los “Nortes Globales”, que al mismo tiempo acumulan el máximo beneficio del negocio[25]. Erdmann Gormsen definió este desarrollo espacio-temporal como una sucesión de “periferias” turísticas[26]. Estas periferias turísticas tienden a alejarse de los focos emisores de capitales y de turistas –ubicados en los centros de la economía-mundo capitalista que ostentan la hegemonía– y a mutar tornándose más complejos con la adición de usos, especialmente el financiero-inmobiliario en el régimen de acumulación flexible caracterizado por las burbujas y las crisis financieras[27]. Este proceso expansivo sigue los principios propios del capitalismo y del llamado “libre mercado”, al promover que las empresas maximicen sus beneficios desplazándose a la búsqueda de las condiciones que les sean más favorables. Así participan en la producción de entornos institucionales con el mínimo de exigencias tributarias, sociales o ambientales, es decir marcos desregulados o mejor dicho regulados a sus intereses. El turismo define nuevos controles geopolíticos con el argumento de mantener el orden social que lo favorezca; pero al mismo tiempo la difusión de la actividad turística ha jugado un papel relevante como instrumento geopolítico[28].

La evolución del sector turístico, con una creciente segmentación del mercado y la multiplicación de las posibilidades de actividad ofrecidas a los turistas, responde fundamentalmente a las necesidades de adaptación y diferenciación frente a la competencia existente. No obstante, la búsqueda de la diferenciación propia del capitalismo flexible o post-fordista acaba conduciendo hacia un callejón sin salida ya que generalmente se tiende a apostar por las mismas soluciones organizativas y espacio-temporales; con lo que finalmente sus efectos en cuanto a aumento de competitividad se anulan[29]. La nueva lógica “post-fordista” –de producción y consumo en masa como la fordista pero “flexible”– en manos del gran capital crea cierta “ilusión” de mayor participación del turista y de la posibilidad de establecer otras formas de relación con las sociedades anfitrionas[30]; aunque se alejen de las formas clásicas del modelo fordista del tipo enclaves “todo incluido”.

El gran capital turístico entra en relación con otras estructuras empresariales de pequeña y mediana empresa local o iniciativas comunitarias, que habían permitido una mayor integración de las poblaciones locales frente a la segregación impuesta por el modelo de enclave integral[31]. Pero la posición de dominio estratégico del capital transnacional en un determinado destino tiende a establecer vínculos de subordinación con esas otras iniciativas, reduciendo sus posibilidades de negocio, lo cual dificulta mantener la autonomía y las opciones para un desarrollo endógeno en sociedades periféricas[32]. El capitalismo postfordista no favorece nuevas pequeñas formas de acumulación fuera del control del gran capital; sino que se caracteriza por la redefinición del poder de clase, la consolidación de estructuras oligopolísticas y la proliferación de la polarización. La subcontrata de pequeñas empresas permite al gran capital disolver su responsabilidad, deteriorando el poder del trabajo frente al capital, y aprovechar mecanismos financieros mediante nuevas relaciones contractuales.

Las cadenas hoteleras baleares: del surgimiento en el clima franquista a la deslocalización de la producción turística

Las Islas Baleares (España) emergen a mediados del siglo XX como un destino turístico de masas. Se incorporan con firmeza y continuidad a este carrusel de periferias turísticas en los años cincuenta, al socaire del despegue postbélico europeo y de la férrea dictadura franquista[33]. La incorporación de España a la Unión Europea, en 1986, otorga ventajas geopolíticas a su empresariado, al acogerlo en el seno de esta fortaleza, más económica que político-militar –para el cual consigue el apoyo estadounidense integrada en el Tratado del Atlántico Norte–. El empresariado –por ejemplo hotelero, promotor inmobiliario o constructor– se ve favorecido por la incorporación de España a la superpotencia europea, política de la UE y militar de la OTAN[34]. La integración financiera europea supuso la liberación de movimiento de capitales y de personas, la liberación de servicios financieros y la unificación monetaria; caracterizado conjuntamente y por semejanza al de Washington como “Consenso de París”[35]. Las cadenas hoteleras (CCHH) baleares iniciaron entonces la “recolonización” de América Latina, junto a otras empresas mayores de telecomunicaciones, extracción petrolera, energía, financieras, de construcción y gestión de obras públicas e infraestructuras[36].

Las CCHH se convierten en empresas transnacionales (ETN), muchas de las cuales forman parte de grupos turísticos que integran operadores turísticos, agencias de viajes y compañías aéreas, enfocadas a implantar nuevos polos de desarrollo turístico-inmobiliario. Su europeidad las sitúa en la cúspide de las estructuras de dominio internacional, especialmente financiero (del Euro), mediático y militar. Desde esta plataforma central del capitalismo, las cadenas hoteleras transnacionales han aprovechado la globalización económica para su capitalización directa en Bolsa (en el caso de Sol-Meliá, antes apoyada por los fondos soberanos kuwaitíes), vincularse a fondos de inversión (p.e. de la creación de Orizonia Corporación junto a Carlyle y Visa Capital a partir de la adquisición de la división de viajes de Iberostar; o la compra del fondo Highland Hospitality por parte de Barceló) o mediante fusiones, absorciones y participaciones (p.e. de Barceló con Crestline Capital Corporation, Riu y Matutes con las alemanas TUI Travel PLC y a través de esta última indirectamente con Air Berlin). La financiarización ha permitido crear arquitecturas corporativas complejas mediante las cuales es más frecuente que las CCHH se desprendan de la propiedad de sus complejos turísticos reservándose sólo su gestión, franquicia o alquiler de marca como activo de credibilidad y confianza. A pesar de ello, debido a la opacidad que acompaña a la propiedad privada, resulta muy complejo descifrar la verdadera propiedad de los inmuebles ya que es habitual utilizar sociedades pantalla, poseerlos a título personal ya sea directamente o indirectamente a través de testaferros[37]. Al mismo tiempo se vinculan a la promoción inmobiliaria, mediante la asociación de sus complejos turísticos a parcelaciones, contando para ello en ocasiones de la participación de fondos de inversión –Real Estate Investment Trust, REIT, u otros “vehículos de inversión hotelera”[38]. La producción turístico-inmobiliaria del espacio también ha servido como plataforma para el blanqueo de dinero negro, de múltiples procedencias incluida la criminal, utilizando para ello muy a menudo los paraísos fiscales[39]. Así mismo, muchos enclaves turísticos del Sur Global son también “paraísos” vinculados a la economía criminal donde actúa la delincuencia internacional, las redes del narcotráfico y de la prostitución, incluida la infantil[40].

El territorio balear muta con la madurez turística –acuñando la balearización, como deterioro debido a la urbanización turística–, amortizados ya los establecimientos, enfriadas las posibilidades de incrementar los márgenes de beneficio; y cuyo resultado es su insostenibilidad biofísica, que sólo es factible por su encastillamiento del lado favorecido de la brecha socioeconómica global[41]. El sobredimensionamiento de su huella ecológica, seis veces por encima de la capacidad endógena, constata su reconocimiento como una sociedad depredadora, que se apropia de la capacidad proveedora de recursos y de asumir sus residuos de otros territorios periféricos: “Lo cual atestigua que el desarrollo es hoy un fenómeno posicional, en el que los países ricos transcienden las posibilidades que les brindan sus propios recursos (y los sumideros) disponibles a escala planetaria, por lo que no cabe generalizar sus patrones de vida y de comportamiento al resto de la población mundial”[42].

Sus más de veinticinco años de gobierno liberal-democrático se han caracterizado por reivindicaciones y controversias sociales a favor de la protección de espacios naturales, las “moratorias” urbanística y turística, los “esponjamientos” urbanos, la “ecotasa” e incluso el intento de pautar el crecimiento urbanístico con cuotas a la concesión de licencias de obras[43]. Los amagos de autocontención del crecimiento urbanístico[44] han aplacado las tensiones sociopolíticas contribuyendo a la habitabilidad más favorable a las élites, pese a que se ha agravado la polarización social[45] y a que han aparecido nuevas fronteras sociourbanas. Por otro lado, sus efectos se han acompasado a nuevas lógicas financiero-inmobiliarias (por ejemplo, compensando las “moratorias urbanísticas” con nuevos crecimientos urbanos en espacios más apetecibles[46] y coincidiendo con el desplazamiento de las expectativas de negocio hacia otros espacios geográficos. A gestores de los enclaves turísticos litorales de las Islas Baleares no se les permite privatizar su acceso al mar y las costas, por imperativo legal de Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; aunque los procesos de privatización se han repetido a lo largo de todo el litoral español, muchas veces consolidando privilegios heredados del franquismo. Aunque la legislación urbanística prescribe la recepción de los espacios urbanos comunes por parte de la administración pública, la privatopía urbana avanza con procesos de cerramiento y una creciente definición de los espacios colectivos en base a criterios privativos. La mercantilización del suelo rústico favorece a la población acaudalada y propietaria de suelo rústico. En primer lugar, se permite la construcción de viviendas unifamiliares aisladas, ligadas en origen a la explotación de unidades de cultivo. Esta cultura ha derivado en la urbanización difusa del campo con unas 74.000 edificaciones aisladas[47] para una isla, Mallorca, de 3.626 km2. En segundo lugar, proliferan los campos de golf, con 23 construidos y 11 más con licencia de construcción en la misma isla de Mallorca[48]. En los campos de golf, la elite se reserva el acceso a extensos espacios ajardinados caprichosamente con la coartada deportiva y turístico-inmobiliaria, de hasta medio kilómetro cuadrado en campos de 18 hoyos. Además de su coste social, cabe destacar su elevada factura ambiental, especialmente por lo que a consumo de agua y contaminación de acuíferos se refiere.

En el contexto balear se ha construido un consenso sociopolítico amplío en torno a la cuestión turística. Se entiende ésta como “el pan de cada día”, y por tanto no hay que morder la “mano que da de comer” del empresariado turístico. En este contexto, las aventuras del capital hotelero insular más allá de las Islas Baleares ha sido generalmente ensalzada por la clase dirigente, los políticos, la academia y los mass media[49], y en el mejor de los casos ignoradas socialmente. Siendo casi nula cualquier crítica social al proceso de expansión internacional del capital turístico balear. El capital turístico domina el entorno social balear interfiriendo constantemente en el devenir político y las políticas públicas. Así sucedió con la “batalla de la ecotasa”, cuando los mencionados hoteleros apoyaron la candidatura de Jaume Matas, ex ministro de José María Aznar, a la presidencia del gobierno autónomo. Su campaña electoral se centró en la retirada del impuesto turístico y en la desprotección de espacios naturales[50].

En la década de los noventa, los movimientos antisistémicos del Estado español no prestaron especial atención al proceso de exportación de la balearización al Sur Global. La cuestión turística tuvo también escasa relevancia cuando a principios de la presente década se iniciaron campañas de apoyo mutuo entre movimientos sociales españoles con los del Sur, especialmente en América Latina, por los conflictos asociados a la expansión del capital transnacional español. Las campañas y la investigación activista se centraron especialmente en los conflictos vinculados a la internacionalización de las ETN energéticas, eléctricas, hídricas, etc. Entre los motivos que podrían explicar la falta de atención crítica hacia la expansión del capital turístico español por parte de los movimientos sociales y los investigadores sociales críticos destacamos: en primer lugar, la mayor visibilidad de los impactos y conflictos relacionados con las grandes transformaciones que por ejemplo provoca la perforación petrolífera; en segundo lugar, que las principales ETN turísticas de sol y playa tenían su sede en las Baleares, mientras que los grupos que iniciaron la investigación y acción crítica sobre la internacionalización del capital español tenían su sede, principalmente, en Madrid o Barcelona[51]; en tercer lugar, que la reflexión crítica en torno a la industria turística –“industria sin chimeneas”– ha sido minoritaria, incluso en los movimientos sociales e investigadores críticos que no la han asumido hasta hace poco[52]. Tendremos que esperar al 2006 para que aparezca un primer trabajo de investigación crítico e independiente sobre la internacionalización de las CCHH baleares, más de veinte años después de su inicio[53].

Por otro lado, el capital balear ya ha acabado de amortizar sus inversiones turísticas en las Islas Baleares, como también sucede en toda España[54]. Las ventajas comparativas para la acumulación de capital que las CCHH encuentran en los Sures Globales contribuyen a desplazar su ámbito de actuación hacia nuevas periferias en países empobrecidos con entornos institucionales menos exigentes, como es el caso de República Dominicana[55].

“Las cadenas hoteleras baleares salen a pescar”. El salto internacional de la producción turística balear

El nuevo orden mundial neoliberal ha permitido la exportación del modelo de explotación turística por parte de las ETN hoteleras de matriz balear: Sol Meliá, Riu, Barceló, Iberostar, Fiesta, Globalia o el Grupo Piñero; por tratarse de cadenas turísticas especializadas en el turismo de sol y playa o de “masas”, que se ha convertido en la característica fundamental de la “marca balear”[56] a modo de “imagen de marca global”[57]. Las Islas Baleares se han convertido en un centro difusor de turistización hacia nuevas periferias, y a albergar las sedes sociales de las empresas transnacionales turísticas especializadas en “sol y playa” más importantes del mundo: cadenas hoteleras (CCHH) en el ranking de las mayores del mundo, algunas de ellas con participación en aerolíneas, agencias de viaje, operadoras turísticas, promotoras inmobiliarias o entidades financieras. Sus estructuras corporativas evolucionan aumentando su complejidad, canalizando una parte creciente de sus flujos financieros a través de sus filiales en paraísos fiscales. Las cadenas hoteleras estadounidenses dominaron el panorama de las inversiones internacionales hasta finales de los noventa, especialmente a través de absorciones, gracias a la fuerte posición del dólar y Wall Street; mientras que a partir del 2001 las cadenas europeas han controlado la mayor parte de las inversiones hoteleras internacionales. No obstante, cabe decir que las cadenas norteamericanas a partir de entonces se expandían especialmente sin inversión, mediante los contratos de franquicia[58]. El empresariado hotelero balear está especializado en el turismo de sol y playa y su internacionalizacion los convierte en “actores políticos globales con impactos económicos, políticos y culturales en otras playas globales/periferias de placer”[59]. Estos actores globales han ido ampliando su marco de actuación hacia nuevas divisiones del negocio hotelero, siendo destacable la participación de algunas cadenas baleares en la hotelería urbana con la incorporación en su cartera de establecimientos en ciudades de los países del capitalismo avanzado, cerca de los centros del poder global (p.e. Sol Meliá en la UE; Barceló en los EEUU).

En su proceso de internacionalización las ETN turísticas baleares ubicaron una parte notable de sus establecimientos en nuevas periferias, que les ofrecían condiciones privilegiadas: de competencia discriminatoria con el apoyo estatal que asume el desarrollo de las infraestructuras, crea zonas francas para eximirlos de regulaciones fiscales –favoreciendo su expatriación de beneficios (leakage[60]), ambientales o sociales. Por ejemplo, Cancún nace como destino turístico del endeudamiento del gobierno mexicano con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de 1961, para invertir en su urbanización a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) cuatro veces más capital del que han invertido desde entonces los capitales privados[61]. Así se explica que la amortización de una inversión turístico-inmobiliaria, en este caso en Cuba, sea cuestión de tan sólo tres años[62], en el marco del primer consorcio público-privado tras su aislamiento internacional[63], con rentabilidades rozando el 33%[64].

El capital turístico transnacional ha sacado provecho del interés de los Estados empobrecidos por paliar su deuda externa, dispuestos –paradójicamente– a gastar sus pocos recursos, la ayuda internacional al desarrollo o incluso a endeudarse, para construir las infraestructuras de acogida que vayan a convertir su territorio en más apetecible a la Inversión Extranjera Directa (IED): aeropuertos y puertos internacionales, autopistas, abastecimiento de agua, energía o playas en detrimento de la población local, represión militar y policial para fortificar los enclaves turísticos, o incluso construir los propios hoteles… El capital puede obtener este favoritismo por ejemplo mediante la adquisición de la deuda externa de todo un país, negociando sus intereses desde la ventaja del acreedor[65]. Otros apoyos institucionales a la IED turística pueden consistir en la devaluación de la moneda local, la privatización de las empresas públicas, que junto a las potenciales competidoras locales se venden a las “fusiones y adquisiciones” de las ETN hegemónicas, como también se les permite precarizar las condiciones laborales de los trabajadores, enajenarse tierras, agua y ecosistemas expulsando a sus comunidades locales[66].

Uno de los destinos privilegiados de esta expansión de las CCHH baleares ha sido El Caribe, con una especial concentración en países como República Dominicana, Cuba, Jamaica o en el caribe mexicano, Cancún y la Rivera Maya[67]. Su presencia ha sido tan dominante que en lugares como Quintana Roo el 60% de la planta hotelera de 70.000 habitaciones es de origen español, con una presencia predominante de cadenas como Sol Meliá, Barceló, Riu o Iberostar[68]. Centroamérica, un destino turístico mucho menos maduro que el caribeño, va posicionándose progresivamente entre los mercados internacionales emergentes. Aquí el capital de origen balear tiene menor peso en comparación con las CCHH e inversiones inmobiliarias de otros países, entre los que destacan los EEUU, pero gradualmente incrementa su presencia a medida que logran condiciones favorables, como en Costa Rica, Panamá y, poco a poco, en el resto de la región.

Estas inversiones consiguen mayor rentabilidad en las nuevas periferias; mientras en las Islas Baleares se desprende de su stock inmobiliario, conservando en algún caso su gestión hotelera o en las más promoviendo su conversión residencial en forma de segundas residencias, oferta turística no reglada, minipisos de infravivienda, condohoteles, etc. Cual si fuese de una caja de caudales, las Islas Baleares atesoran la acumulación de capital en forma de inversiones inmobiliarias y especulativas[69]. En este último periodo las empresas inmobiliarias baleares han incrementado su presencia en El Caribe y Centroamérica. Siguiendo el proceso de internacionalización de las empresas hoteleras, una treintena de empresas inmobiliarias de capital balear han iniciado promociones en México, Panamá, República Dominica y Jamaica, según datos de la consultora internacional CB Richad Ellis[70]. Este proceso se ha producido gracias a la acumulación de solares por parte de las CCHH de origen balear en estos países, que venden para su posterior construcción una vez desarrollado un entorno que incrementa su valor, o bien urbanizan directamente a través de distintas formas de residencialización. La expansión del capital inmobiliario balear se ha producido en parte como respuesta a la reducción de la tasa de beneficio en las Islas Baleares una vez se asomaba el final de la burbuja financiero-inmobiliaria. La crisis financiera reciente ha provocado que la maduración de este proceso esté teniendo, de momento, una menor dimensión en comparación con el proceso de internacionalización de la hotelería en los años precedentes[71].

En el cuadro 1 se puede observar la evolución del parque de alojamiento turístico controlado por las cadenas hoteleras baleares transnacionales entre el 1987 y el 2007. A mediados de los años ochenta tan sólo Sol Meliá y Barceló contaban con establecimientos fuera del territorio español. La primera adquirió dimensión internacional después de inaugurar el Bali Sol en la Indonesia del dictador Suharto y la adquisición de la cadena Meliá que ya contaba con establecimientos en el exterior. Barceló desembarcó en la República Dominicana donde contó con extraordinarios contactos con el poder que le facilitaron la colonización turística de Bávaro[72]. A mediados de los noventa, en plena articulación de la globalización del capital en la etapa conocida como la “globalización feliz” o los “felices noventa”[73], ya son siete las cadenas baleares que han deslocalizado la producción turística hacia nuevas periferias turísticas. Además, se puede observar como la principal región del planeta a donde se desplaza la empresa transnacional balear es El Caribe y Centroamérica que cuenta con el 20,07% de sus plazas. Tal como se ha indicado anteriormente, este proceso coincide con la redefinición del marco regulatorio en las Baleares con la aprobación de normativas que venían a ordenar la sobreoferta turística balear, que además ya presentaba claros síntomas de obsolescencia. En esos momentos se empiezan a implementar toda una batería de planes y programas públicos, financiados con fondos europeos, para recuperar las zonas turísticas en las Islas Baleares ya degradadas por el capital. Además, el mismo capital salía de esas zonas empujado por los mayores márgenes de beneficio que se obtenían en los nuevos espacios turísticos del Sur Global, pero también de ciertas zonas del Estado español, especialmente las Islas Canarias con su régimen especial.

En el año 2001, cuando hacía más de una década que había iniciado llevado a cabo la internacionalización de las cadenas baleares, ya se contabilizan 13 de ellas con hoteles en el extranjero. Ese año se observa que la planta hotelera de estas cadenas se distribuye casi proporcionalmente entre las Islas Baleares, resto del Estado español, América Central y El Caribe y resto del mundo. Si se eliminase Sol Meliá el resultado sería bastante diferente ya que esta cadena contaba con el 45,95% de las plazas de las cadenas baleares en el extranjero. Aunque la mayor parte de las plazas de Sol Meliá se encontraban en El Caribe, la multinacional había deslocalizado su producción turística en el Mediterráneo oriental (Croacia, Turquía) y meridional (Túnez y Marruecos), Sudamérica (Brasil, Venezuela o Colombia) y en diversas ciudades europeas. En esos momentos, las cadenas pioneras de la internacionalización (Sol Meliá, Barceló, Riu, Iberostar) empezaron a apostar por nuevos espacios, especialmente los del Mediterráneo oriental y meridional. A pesar de ello, la principal región objeto de la difusión de la producción turística balear seguía siendo la cuenca caribeña.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 enfriaron momentáneamente las expectativas expansivas en la región árabe-musulmán, lo que ligado a las nuevas dinámicas financieras, con fuerte dinamización de los mecanismos financiero-inmobiliarios, activaron una nueva fase expansiva de las inversiones hoteleras en América Central y El Caribe. A ello se sumaron los efectos de las crisis financieras que se sucedieron desde el 1997 al 2002, afectando seriamente a los países latinoamericanos. La agenda neoliberal se “naturalizó” y en muchos países ribereños de El Caribe la vía de acumulación turística se consolidó como una de las principales salidas, que se sumaba al paquete de medidas de ajuste estructural. El 2007 las 17 cadenas baleares transnacionales contaban con el 30,89% de su capacidad productiva en América Central y El Caribe, mientras que en las Baleares tan solo tenían el 17,7%. En 20 años las cadenas transnacionales originarias del archipiélago balear han pasado de contar con 6.150 plazas turísticas en el extranjero el 1987 a 288.259 el 2007. A fecha de septiembre de 2010, las CCHH baleares ofrecían 666 establecimientos fuera de las Islas Baleares, de los cuales 268 se sitúan en países del Sur Global, 192 de los cuales están concentrados en El Caribe, Centroamérica y México (figura 2).

Figura 2. Establecimientos hoteleros de cadenas de matriz balear en la región de El Caribe, Centroamérica y México.

Fuente: Elaboración propia.

Los sucesivos “booms” turísticos de la explosión turística balear[74] han situado la región balear y sus empresas transnacionales en la cúspide de la “curva del notario”[75] definida por José Manuel Naredo[76], asumiendo el trabajo de menor penosidad y en cambio de mayor retribución –en este caso la gestión financiera de la turistización por lo que respecta a las CCHH–, pero con mayor déficit en términos físicos, por precisar extraer materiales y energía de las regiones periféricas. La elevación de esta función hotelera en la “curva del notario” se ejemplifica en la atracción del ahorro inversor hacia las economías del centro, por ejemplo con la financiación de las ETN[77], o en su tendencia a desprenderse de la propiedad de los inmuebles de alojamiento turístico, para pasar sólo a gestionarlos[78], porque “Las marcas de tales cadenas les ofrecen credibilidad y confianza entre la demanda, activo intangible, indispensable y efectivo en un mercado turístico de crecimiento en sus flujos y con avidez por nuevos destinos”[79].

Búnker playa-sol. Los enclaves turísticos y la gentrificación del espacio

Los enclaves son la principal manifestación territorial de la actividad turística, con morfologías diversas. En su evolución manifiestan declive y deterioro socio-económico y urbanístico[80], tal cual ocurre con la actividad extractiva y los yacimientos mineros. Para nuestro estudio, asimilamos como enclaves las modalidades de oferta turístico-residencial exclusivas a modo de destinos completos, sean: resorts con hoteles del “todo incluido”, urbanizaciones cerradas o cruceros. Los enclaves turísticos se perfilan como resultado de la producción de espacios fuertemente controlados, privatizados y orientados a la captura completa de los ingresos[81]. A modo de lo que Mario Gaviria[82] denominó “hotel cárcel”, Dennis R. Judd[83] llamó la “burbuja turística” de atmósfera artificial, y Adam Weber[84] considera espacios de contención para capturar el beneficio de toda la actividad turística y en las que “el sector se beneficia de una implantación vacacional internacional en países de bajo nivel de renta donde las empresas autóctonas no han desarrollado ni imagen de marca, ni know how competitivo para abastecer al turista europeo”[85]. Los enclaves turísticos recrean un espacio irreal de espectáculo y consumismo, a gran distancia no sólo de los estándares comunes en la población local[86], sino también de la realidad cotidiana de los turistas. Esta situación se corresponde también al turismo de cruceros, con aislamiento físico[87] e importantes repercusiones ambientales[88] y psicosociales[89]. Para conseguirlo, sin incomodar en exceso, se marcan fronteras impermeables de exclusión y gentrificación, prolongando la privatización y fortificación que se adopta en otros espacios urbanos burgueses de acumulación, consumismo y miedo[90].

La funcionalización turística de determinados territorios de El Caribe y Centroamérica ha supuesto la gentrificación o elitización del espacio, en el que se privilegia a los usuarios ricos, que pueden acceder a la propiedad y el uso del suelo y de los recursos naturales, desentendiéndose o marginando a la población local[91]. Este concepto se ha utilizado básicamente en el análisis de los procesos que se llevaban a cabo en buena parte de los espacios urbanos, primero de las metrópolis del Norte Global y después del Sur Global. Ésta afecta a determinados barrios con ciertas cualidades histórico-arquitectónicas y en proceso de deterioro social y arquitectónico, que eran revitalizados por parte del capital, con la participación de la administración pública bajo la lógica del urbanismo neoliberal[92]. En el proceso de gentrificación urbana, el turismo ha jugado un papel importante como por ejemplo en el Nueva York bajo la campaña I Love NY o la Barcelona post-olímpica. Aún así, los estudios concretos sobre la gentrificación turística no son muy abundantes y podemos señalar el de Santa Cruz de Tenerife[93] o el de New Orleans[94]. Se puede decir que los estudios sobre esta materia se han centrado casi exclusivamente en las ciudades, aunque dichas dinámicas en ocasiones iban más allá de estas. Es por esto que Eric Clark ha abordado desde el aparato teórico-conceptual del estudio de la gentrificación urbana, su extensificación hacia otros espacios, especialmente los rurales[95]. Es en este sentido este aparto teórico-conceptual cobra fuerza y sentido para el estudio de los enclaves turísticos.

Así, por ejemplo, se definen espacios de urbanismo defensivo[96] para el uso exclusivo para los turistas en los enclaves, las playas, desarrollos residenciales exclusivos[97], los campos de golf, etc. Estos desarrollos turístico-residenciales adquieren grandes escalas, para aislarse a modo de oasis de consumo, mediante el acaparamiento de tierras y recursos naturales.

La construcción de los enclaves suele ir acompañada del desplazamiento de poblaciones rurales. Estos costes sociales del enclave suelen ser minimizados desde el discurso apologético que realza la creación de puestos de trabajo, al tiempo que omite la destrucción de otras ocupaciones y actividades. Así sucede especialmente con las actividades primarias –agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, caza…–, que no siempre responden a las lógicas del mercado capitalista y que permiten mayores cotas de autonomía a la población rural. La especialización productiva que impone el turismo hace a las comunidades más dependientes del exterior por no controlar su cadena de valor. Los enclaves atraen a población, desde cualquier rincón, hacia empleos precarios y vulnerables.

Otra cara de este proceso es también la fuerte demanda de mano de obra para la construcción de estos enclaves turístico-residenciales, que en ausencia de suficiente mano de obra local, suele requerir la movilización intensiva de trabajadores migrantes desplazados. Sus condiciones de trabajo y de vida en estos nuevos emplazamientos vienen marcados por una fuerte precariedad y vulnerabilidad, con baja remuneración, elevada temporalidad[98] y ampliando los esquemas tradicionales de la división sexual del trabajo[99]. Esta situación se agrava en el caso de los trabajadores extranjeros en condiciones de irregularidad. Es el caso de muchos trabajadores haitianos en República Dominicana, nicaragüenses en Costa Rica o centroamericanos en Rivera Maya y Cancún (México). Estas dinámicas socioespaciales desestructuradas se resuelven en espacios de marginalidad y destrucción de comunidad.

Por tanto, el crecimiento y la especialización turística no se ha traducido necesariamente en una mejoría en el bienestar del conjunto de la población. Según Joan Buades[100] la comparación entre crecimiento en el número de llegadas de turistas internacionales y la evolución de la posición de los países de la región en la escala del Índice de Desarrollo Humano elaborado por Naciones Unidas, pone en evidencia que no existe una correlación significativa entre crecimiento turístico y mejoría en las condiciones de vida de la población. En el mismo sentido, el Informe de Desarrollo Humano de República Dominicana de 2008, elaborado por el PNUD, considera que las condiciones de vida promedio de las provincias donde existe una mayor concentración de la actividad turística, “las provincias turísticas” de Altagracia y Puerto Plata, y donde existe una fuerte concentración de CCHH de origen balear, son peores que las del promedio nacional[101].

Asimismo, UNCTAD[102] exponía en el informe sobre las inversiones extranjeras directas en turismo que “en muchos países en desarrollo el crecimiento del turismo era impresionante en cuanto a llegadas de turistas, ingreso de divisas y creación de empleo. Sin embargo, también implicó drásticos cambios sociales y culturales: por ejemplo, culturas locales y tradicionales o rituales se han “mercantilizado” (incluso se han destruido en ocasiones), se produjeron rupturas familiares, colapso de estructuras sociales locales, y el crimen, anteriormente desconocido, empezó a emerger y expandirse. Además, el cambio físico del paisaje y las llegadas masivas de turistas ejercieron una tremenda presión sobre los recursos, incluso los naturales, que son la base de la ventaja comparativa en el turismo, cuestionando la sostenibilidad del sector. Poblaciones locales en las regiones turísticas fueron a menudo incapaces de asimilar los drásticos cambios y emigraron a centros urbanos o empobrecieron aún más”.

El fuerte protagonismo de la actividad turística en El Caribe y Centroamérica ha comportando fuertes impactos sociales, ambientales, económicos, políticos y culturales. Como resultado, esta expansión ha dado paso a un nuevo escenario de conflictividad asociado a múltiples causas entre las que destacan: resistencias de las poblaciones rurales a la desposesión de recursos naturales y territorios; oposición a la ocupación urbanística, conflictividad socio-laboral, competencia inter-empresarial y tensiones en el proceso de adecuación del marco político-legislativo[103].

Conflictividad asociada al turismo

Esta tipología del conflicto asociada al turismo surge de un análisis más amplio sobre conflictividad turística en Centroamérica, independientemente de cuáles fuera el origen de los capitales implicados[104]. Las CCHH de origen balear se insertan con distintos niveles de protagonismo en la estructura empresarial turístico-residencial de El Caribe y Centroamérica, en coexistencia con otros capitales, básicamente de origen norteamericano, de algunos países europeos y de grandes grupos empresariales de la misma región. En República Dominicana, México, Costa Rica, Jamaica y Nicaragua, entre otros, estas empresas han protagonizado conflictos con diversos sectores de las sociedades anfitrionas, llamando la atención de los medios de comunicación repetidas ocasiones. A continuación desarrollamos y ejemplificamos las tipologías de los principales conflictos turísticos ocurridos en los últimos años en Centroamérica, México y El Caribe.

Conflictos por la resistencia de las comunidades rurales ante la desposesión de sus recursos naturales y territorios

La difusión del capital turístico ha ido acompañada, entre otros, de procesos de privatización del agua y de la costa para usos turísticos o residenciales privados que excluyen su acceso público. De esa manera el progresivo deterioro socio-ecológico se asocia a un creciente déficit democrático, que tiene su raíz en el ejercicio del poder para favorecer la acumulación por desposesión. El proceso de privatización del territorio y los recursos naturales debe entenderse como parte de la lógica de “acumulación por desposesión” expuesta por David Harvey[105]. Atendiendo al carácter dual de la acumulación de capital, dentro de formas de producción puramente capitalistas y en relación con formas de producción no capitalistas, Harvey considera que estos mecanismos de “acumulación primaria” descritos por Rosa Luxemburgo se mantienen a lo largo de toda la historia del capitalismo y son la clave de su ampliación espacial a lo largo de todo el planeta. Entre los mecanismos de acumulación por desposesión (p.e. mercantilización de la naturaleza y bienes comunes, privatización de lo público), la urbanización y turistización de amplios territorios costeros responde al esquema de apropiación y privatización de recursos y territorios que aún conservaban un carácter de “bien común” en distintos grados y particularidades.

Las comunidades rurales en determinados territorios han tratado de resistir o reducir los alcances de los procesos de usurpación de los recursos naturales (tierra y agua principalmente, y en menor medida, aún, bosques), y al desplazamiento y elitización de sus territorios, enmarcados en los procesos de “acumulación por desposesión”. Esta desposesión se produce por múltiples vías, que van de las dinámicas especulativas y la compra-venta a los procesos de expropiación. El problema no se limita a la pérdida de determinados recursos, sino que este proceso de desposesión supone también una profunda desestructuración de la territorialidad de las comunidades rurales, entendida como el espacio en el que se desarrollan y reproducen colectivamente de forma económica, social, política y cultural, y su sustitución por otra lógica de ocupación y articulación del territorio. Algunos de estos conflictos están motivados por el intento de distintas fracciones de capital turístico-residencial por acaparar tierra en la que desarrollar sus actividades (o, a veces, tan sólo para especular con el valor del suelo), e implican el desplazamiento de la población local. Además de la tierra, el otro gran recurso que han tratado de controlar las iniciativas turístico-residenciales es el agua. En otros casos el origen del conflicto ha estado motivado por el hecho de que los nuevos desarrollos turístico-residenciales pudieran impedir el paso y acceso a lugares a los que la población local acudía, ya fuera con fines productivos o de ocio, como las playas. Hasta el momento las principales amenazas sobre los territorios y recursos naturales de las comunidades rurales se han cernido sobre las zonas costeras, sin embargo la creciente valorización que pueden tener áreas boscosas en el marco del establecimiento de servicios ambientales vinculados a mercados de carbono y mecanismos de Reducción de Emisión por Deforestación y Degradación de Bosques (REDD), puede ser un nuevo riesgo de desposesión para las poblaciones rurales.

Un ejemplo de este tipo de conflicto asociado al capital lo encontramos en la Reserva Meliá Conchal, vinculada a Sol-Meliá y ubicada en la provincia de Guanacaste, Costa Rica. Durante el año 2000 vecinos del municipio de Lorena de Santa Cruz comenzaron una lucha para paralizar las obras que pretendía llevar a cabo el hotel Meliá Conchal, como era conocido en ese momento, para ampliar la explotación del caudal de agua del acuífero de la cuenca del río Nimboyores. Esta obra ponía en riesgo la cantidad de agua disponible para la población local y entraba en contradicción con otros usos (consumo humano, agricultura y ganadería). Los vecinos de la zona lograron movilizar mucha gente y el apoyo de diversas organizaciones sociales, entre ellas la iglesia católica, para llevar sus demandas hasta diferentes instancias del Estado. Finalmente el año 2005 se llegó a un acuerdo para paralizar las obras de construcción. A finales del año 2010 los medios de comunicación anunciaron que a partir del mes de mayo de 2011 la cadena Meliá dejaría la gestión del Hotel Paradisus Playa Conchal, propiedad de Desarrollos Hoteleros Guanacaste, que pasaría a manos del grupo estadounidense Starwood[106].

Igualmente, un mes después de ser inaugurado el Hotel Riu Matapalo, también en Guanacaste, los habitantes de la comunidad Nuevo Colón, la más cercana al hotel, empezaron una serie de protestas por los repetidos intentos de la empresa y la municipalidad de Carrillo de cerrarles el acceso a la playa que tradicionalmente usaban y en la que ahora podían vender diversos tipos de souvenirs y servicios a los turistas[107].

Conflictos por reacción de la sociedad civil y autoridades locales ante el proceso de ocupación urbanística

La dinámica de degradación del entorno, corrupción y erosión democrática generada por el capital turístico e inmobiliario ha provocado reacciones de grupos ciudadanos y movimientos sociales e, incluso, de algunas autoridades públicas para frenar o corregir los abusos e ilegalidades cometidas. Este tipo de conflictividad es, lógicamente, más frecuente en aquellos lugares en que la densidad turístico-residencial es mayor, aunque también debe coincidir con la presencia de organizaciones sociales fuertes, con capacidad de movilización e incidencia política.

La fuerte presencia de la hotelería balear en algunos destinos de México, como Cancún o la Riviera Maya, en el Estado de Quintana Roo, ha sido fuente de numerosas tensiones y conflictos. La agresividad de estas empresas por consolidar posiciones de dominio ha provocado reacciones diversas por parte de la población local y organizaciones sociales ante la degradación de los recursos naturales provocada por las construcciones turístico-residenciales. Algunos ejemplos de los conflictos generados son los casos de la afectación de la laguna Bojórquez, en Cancún, por la ampliación de un hotel de la cadena Riu en el año 2006, según denunció Greenpeace México; la construcción y puesta en funcionamiento del complejo turístico Hotel Gran Bahía Príncipe, propiedad del Grupo Piñeiro, situado en primera línea de la playa de Akumal, denunciado por la organización SAVE, a principios de 2009; o las reacciones ante la obtención de los permisos legales de Sol Meliá para construir un complejo turístico en el municipio de Solidaridad (Quintana Roo)[108]. La ocupación de los espacios públicos por parte de las CCHH ha sido de tales dimensiones que, significativamente, una de las movilizaciones ciudadanas más importantes de los últimos años fue motivada por la defensa del carácter público de Playa Delfines, la última que quedaba de libre acceso para sus habitantes en Cancún, ante los intentos de su privatización tras la venta a un grupo de inversionistas encabezado por Sol Meliá[109].

En la península de Guanacaste, Costa Rica, la presencia del capital hotelero español, particularmente balear, ha sido creciente en los últimos años, provocando también diferentes episodios de conflicto con la población local[110]. La organización ecologista Confraternidad Guanacasteca ha denunciado públicamente desde octubre de 2008 la destrucción de manglar provocada por la construcción del hotel Riu Matapalo[111]. Igualmente, en enero de 2008 los habitantes del barrio El Gallo, en Liberia, acompañados por Confraternidad Guanacasteca y la Asociación Guanacasteca Defensora de la Zona Marítimo Terrestre, denunciaron que Hotel Occidental Alegre Papagayo, de la cadena Occidental Hotel & Resorts[112], ubicado en playa Manzanillo, estaba vertiendo de forma ilegal aguas negras que transportaba en camiones que iban dejando restos por todo el camino. Inicialmente las habían tirado en una playa cercana, pero posteriormente y por las molestias que causaban a sus mismos huéspedes, las trasladaban a un vertedero cercano a Liberia. Los denunciantes reportaron que durante su traslado una parte caía por el camino, provocando importantes riesgos para la salud pública. Los medios de comunicación se hicieron eco del escándalo público y la presión sobre las autoridades fue de tales dimensiones que el 5 de febrero de 2008 el Ministerio de Salud clausuró temporalmente el hotel hasta que habilitara una planta de tratamiento[113]. No fue hasta el mes de septiembre de 2008 que se permitió su reapertura[114]. A raíz de la clausura del Hotel Occidental Allegro Papagayo por vertido ilegales de aguas residuales, el 14 de febrero de 2008 el Partido de Acción Nacional, centro-izquierda, presentó una denuncia al Ministerio de Salud sobre el Grupo Barceló por vertido de aguas negras y residuales vinculadas a actividades agropecuarias del Hotel Barceló Playa Tambor y el residencial Los Delfines, del mismo grupo empresarial, los ríos Pánica y Zela. En su denuncia, los diputados alertaron de los riesgos sobre la salud humana y el ambiente y aportaron como prueba un análisis químico realizado dos años antes por una empresa especializada. Por este motivo instaban al Ministerio de Salud a actuar. Tras una inspección por parte de funcionarios del gobierno, el Ministerio descartó la acusación[115].

En noviembre de 2007 el ministro de turismo de Jamaica, Edmund Bartleet visitó Mallorca con el fin de estrechar relaciones con empresarios turísticos y aprender de la experiencia balear[116]. La isla caribeña contaba ya con la presencia de algunas de las principales CCHH españolas, como Iberostar, Riu, Fiesta y Bahía Príncipe. Pero a pesar de las expectativas del ministro Bartleet la presencia de las CCHH baleares ha comportado no pocos incidentes. El 30 de abril de 2008, las autoridades municipales de Bahía de Montego, Jamaica, paralizaron las obras de construcción de un hotel de la cadena Riu debido a la edificación de un cuarto piso sin los permisos correspondientes[117]. Según lo autorizado el 27 de junio de 2007 por la municipalidad, la empresa sólo tenía permiso para construir hasta tres pisos de altura; pero no más, debido al riesgo que suponía la proximidad con el aeropuerto internacional de Sir Donald Sangster, el mayor del país. A raíz de esta polémica, los medios de comunicación locales abrieron el debate sobre los impactos negativos de la creciente inversión turística española en la isla. En ellos se acusaba a la hotelería española de estar degradando el turismo en Jamaica, con su apuesta por el sistema de “todo-incluido” y la competencia a la baja para la atracción del turismo. El mismo primer ministro de Jamaica, Bruce Golding, manifestó que “Jamaica no puede permitirse ser el Torremolinos de El Caribe”. Y acusó a los empresarios españoles de que el sistema de “todo incluido” estaba reduciendo la derrama económica (leakages) hacia los negocios locales[118].

En el mismo sentido, diversos testimonios acusaron a las empresas españolas de estar provocando una bajada de precios generalizada en el sector. Además, se pude señalar la denuncia de las prácticas políticas protagonizadas por dichas corporaciones, asumiendo éstas el sistema del “todo vale”. Es decir, exportando prácticas y cultura políticas como ha señalado Joan Amer[119]. Es decir, los megaproyectos turísticos que se han exportado han ido acompañados de uno de los principales aspectos ligados al desarrollismo español –franquista y postfranquista–, una democracia de baja intensidad. No es de extrañar que el colapso de la burbuja especulativo-inmobiliaria en España haya ido acompañada de la explosión de la burbuja de la corrupción político-empresarial[120].

En el caso concreto de Riu en Jamaica, además del problema ocasionado por la vulneración de permisos, se acusaba a la empresa de que los trabajos de construcción se estarían desarrollando más allá de los horarios permitidos y en domingo; provocando molestias por ruidos a los huéspedes del hotel Sandals adyacente[121]. También se imputaba a Riu haber provocado problemas de contaminación por aguas residuales en la playa de la Bahía de St. Anna. Esta oleada de críticas provocó la reacción de las autoridades públicas españolas en defensa de estas empresas. En mayo de 2008 el embajador español en Jamaica, Jesús Silva, trató de salir al paso defendiendo la “honestidad, calidad y buenas prácticas de las corporaciones hispanas”[122]. Sin embargo, el ambiente no mejoró, tal como quedó reflejado en la encuesta publicada por el periódico local Jamaica Observer[123]. En ella la mayoría de la población encuestada (un 70% de 3.405 personas) se manifestaba a favor de no relajar las leyes para favorecer la inversión turística extranjera. En febrero de 2009 el gobierno español acabó mandando al Rey Juan Carlos de Borbón a Jamaica, donde visitó dos nuevos hoteles inaugurados por la empresa ibicenca Fiesta Hotels & Ressorts, de Abel Matutes. El monarca aprovechó la ocasión para defender en “buen nombre” de las CCHH españolas[124]. En este aspecto cabe señalar el hecho que la expansión internacional del capital español hubiera sido prácticamente inviable sin la estrecha colaboración y financiación por parte del gobierno español. Incluso, altos dirigentes después de pasar por la política han ocupado destacadas posiciones en la defensa de los intereses de las corporaciones (p.e. Felipe González, José María Aznar, etc.), e incluso el monarca es un gran valedor de la actuación del capital español en el mundo[125].

Conflictos socio-laborales ante la precariedad de las condiciones de trabajo

Las condiciones laborales de la mayoría de trabajadores vinculados a la industria turística, que abarca tanto la construcción de establecimientos para uso turístico como actividades periféricas hasta los empleados en distintos tipos de servicios para el turismo, se caracterizan por la precariedad. En la construcción es donde se encuentran condiciones especialmente precarias y con altos niveles de informalidad. De forma generalizada se ha recurrido a mano de obra inmigrante, en muchos casos en situación de ilegalidad, que residen en condiciones de vida extremadamente insalubres[126]. Esto ha provocado algunos conflictos laborales, pero los bajos niveles de sindicalización que existen en el sector y la propia debilidad de las organizaciones sindicales, han dificultado la respuesta de los trabajadores, limitando esta conflictividad a unos niveles que no se corresponden con la gravedad de los impactos identificados[127].

Además de la manifiesta hostilidad empresarial a la presencia de sindicatos en sus hoteles, la dificultad de respuesta del movimiento sindical obedece a otras razones vinculadas a los profundos cambios operados en la estructura del sector turístico: cambios en la forma de gestión de los hoteles obstaculizaban la acción sindical; la separación creciente entre propiedad y gestión hotelera; terciarización de la empresa hotelera[128]. Estos cambios responden también a las nuevas lógicas de funcionamiento de la empresa post-fordista, caracterizada por su fragmentación, con distintas estructuras empresariales en red, y la sustitución de diversas divisiones productivas, antes bajo el mismo régimen de relaciones laborales, por mecanismos de subcontratación que permiten, a su vez, incrementar la financiarización de la empresa matriz. A estos cambios que limitan la capacidad de actuación del movimiento sindical hay que sumar las condiciones de pobreza imperantes en el área, que obligan a los trabajadores a centrar todos sus esfuerzos en la supervivencia diaria.

Durante la construcción del Hotel Riu Matapalo de Sardinal, en Guanacaste, Costa Rica, inaugurado en noviembre de 2009, se produjo un episodio de conflicto que puso al descubierto la precariedad generalizada de los trabajadores de la construcción turística. La Cadena Riu recibió la medalla de Oro del Gobierno Balear en 2009, mientras se denunciaba que la construcción de su hotel se hacía a costa de mano de obra inmigrante nicaragüense azotada por unas condiciones socio-laborales extremadamente precarias[129], marcadas por los bajos salarios, escasas medidas de seguridad e higiene en el trabajo, hábitats insalubres y falta de seguro social, entre otros, favorecidas además por las condiciones de ilegalidad en el estatus de residencia en la que se encontraban buena parte de estos trabajadores nicaragüenses en Costa Rica. En noviembre de 2008, Rafael Antonio Pérez, uno de los aproximadamente mil quinientos trabajadores empleados en la construcción del hotel, murió intoxicado. Más de trescientos enfermaron, sufriendo “vómitos, diarreas y males respiratorios”[130]. La cadena Riu se desentendió de esta situación arguyendo que la responsabilidad sobre las condiciones de trabajo de los empleados en la construcción del hotel dependía de la empresa constructora local, a quien subcontrató. Este caso supone la punta del iceberg de una práctica habitual de las ETN turísticas, el recurso a la subcontratación de empresas locales sobre las que recae la responsabilidad legal ante los trabajadores y el Estado ante cualquier eventualidad.

Conflictos inter-empresariales por contraposición de intereses en la explotación de sus negocios

La expansión turística ha provocado el choque de intereses entre diferentes grupos de capital en competencia por un determinado territorio, sus recursos y posibilidades de negocio. Estos conflictos han implicado, en ocasiones, a pequeñas y medianas empresas de capital local que tratan de resistir la competencia por parte de capitales de mayores dimensiones. Un tipo de estos conflictos lo encontramos en la amenaza que suponen las inversiones en turismo residencial, allí donde ha logrado desarrollarse cierto nivel de hotelería, tanto local como extranjera, no necesariamente de gran tamaño. La inversión residencial reduce las posibilidades de negocio local y es visto como un peligro para estos empresariados. De este modo, la creciente contraposición de intereses entre la pequeña y mediana empresa local y los grandes capitales abre una importante dimensión de conflicto entre estos actores.

Joan Buades[131] aporta detalles significativos sobre la apropiación del hotel Montelimar, ubicado en el municipio de San Rafael del Sur, Nicaragua, por parte de la cadena hotelera Barceló. Una antigua residencia del dictador Anastasio Somoza fue estatalizada por la Revolución Sandinista en 1979. Durante el gobierno sandinista, Montelimar fue convertido en un complejo hotelero con vocación internacional en 1987, mediante la inversión de 29,4 millones de dólares provenientes en su mayoría de ayudas de cooperación internacional. A partir de los años noventa, tras la derrota de los sandinistas, el gobierno neoliberal encabezado por Violeta Barrios de Chamorro (Unión Nacional Opositora), optó por privatizar el complejo a partir de una valoración de 19 millones de dólares. Barceló lanzó una oferta de compra por 5 millones de dólares, de los que sólo pago 3 de inmediato, arguyendo que nunca superó el porcentaje de ocupación previsto en el contrato y por tanto no estaría obligada a pagar el resto de lo previsto, obteniendo el visto bueno de los sucesivos gobiernos derechistas de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños. Sin embargo, el nuevo gobierno sandinista, que regresó al poder en el año 2007, puso en cuestión ese proceso de privatización y reclamó su embargo preventivo a través de la Procuradoría General de la República (PGR). Después de casi un año de conflicto y ante la alternativa de dirimir el desacuerdo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una institución del Grupo del Banco Mundial, el mes de junio de 2009 ambas partes llegaron a un acuerdo, a través del cual el Estado nicaragüense renunciaba a sus reclamaciones y decidían crear una empresa mixta para poner en marcha un aeropuerto internacional en el mismo complejo hotelero[132]. Más allá de los discursos “retóricos” de carácter anti-colonial que se manejaron al inicio del conflicto y que hacen borrosas sus causas, su resolución pone en evidencia el juego de intereses contrapuestos entre el Grupo Barceló y nuevas fracciones emergentes de capital local que gozan del control del aparato del Estado, con una actitud más resuelta por hacerse u hueco en el negocio turístico.

Conflictos por los intentos del capital de obtener situaciones de favor en los procesos de adecuación del marco normativo regulador de las políticas de turismo

La consolidación de un modelo turístico bajo el liderazgo de los grandes capitales ha requerido un proceso de adecuación legislativo y político favorable a estos sectores. En algunos casos esto ha provocado reacciones entre algunos de los sectores perjudicados.

En República Dominicana su gobierno cedió a los intereses turístico-inmobiliarios en detrimento de sus espacios naturales, que no dejan por ello de servir de reclamo y certificado internacional del compromiso con la conservación de la naturaleza. La Ley Sectorial de Áreas Protegidas fue modificada dando como fruto la Ley nº 202-04 del mismo nombre, para posibilitar nuevos desarrollos turísticos. El Parque Nacional del Este acoge así nuevas urbanizaciones en La Romana y Bayahíbe del grupo empresarial Piñero propiedad de Pablo Piñero (que agrupa, entre otros el operador turístico Soltour y la cadena hotelera Bahía Principe[133]), con sede en Palma (Mallorca, Islas Baleares, España). Una muestra de su proyección mediática es la adquisición reciente de una propiedad inmobiliaria en dicho complejo por parte del tenista mallorquín Rafael Nadal. El Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Jaragua también fue desprotegido parcialmente, para posibilitar el desarrollo de un nuevo hotel en la Bahía de la Águilas. En este caso, los intereses proceden de la ETN española Globalia, propiedad de Juan José Hidalgo, quien controlaba toda la cadena de valor de los paquetes turísticos desde su sede en Llucmajor (Mallorca, Islas Baleares, España), mediante: operadores turísticos (Travelplan, PepeWorld, Iberrail, Touring Club), agencias de viajes (Ecuador y Viajes Halcón), compañías aéreas (Air Europa), handling (Groundforce) y cadenas hoteleras (Oasis)[134]. La asociación ecologista dominicana Grupo Jaragua[135] ha denunciado los cambios normativos que han conducido a la desprotección ambiental de estos territorios, para favorecer la implantación de estos enclaves turísticos. La construcción de nuevos enclaves turísticos en Bávaro y Punta Cana supuso el desplazamiento de las poblaciones locales con efectos catastróficos, hasta el punto de considerar que “los beneficios económicos del turismo puede que no compensen dichas prácticas”[136]. En el caso del Hotel Gran Oasis de Punta Cana, propiedad de Globalia, ubicado en la provincia de La Altagracia, la contaminación del entorno, en este caso del Refugio de Vida Silvestre Laguna Bávaro donde se vertieron repetidamente aguas residuales, ha provocado la reacción de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA), que en abril de 2009 clausuró temporalmente el hotel y le impuso una multa[137].

La penetración de las CCHH baleares en México ha contado con el reiterado apoyo del gobierno español ante las autoridades mexicanas. En diciembre de 2007 Ecologistas en Acción denunció que el embajador español en México, Carmelo Angulo, hizo gestiones ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) considerando que Ley General de Vida Silvestre, aprobada en 2007, estarían perjudicando los intereses empresariales españoles[138].

A pesar del incremento de este tipo de episodios de conflictividad derivados de la creciente presencia del capital turístico balear en El Caribe y Centroamérica, buena parte de ellos mantienen un carácter local y no logran atraer la atención pública más allá de los territorios en los que se desarrollan. Las expectativas de generación de empleo asociadas a la inversión turística en contextos de extrema pobreza actúan como freno a una lectura crítica de las consecuencias del modelo. Además, la industria turística ha logrado construir una imagen del sector positiva, e incluso de compromiso con la conservación del medio ambiente o la reducción de la pobreza, promoviendo acciones sociales vinculadas a la Responsabilidad Social Empresarial. Por otro lado, determinados sectores de la cooperación internacional ayudan a construir una imagen favorable con propuestas de “negocios inclusivos” inspiradas en el “pro-poor tourism”, dedicadas a mostrar los beneficios potenciales de la inclusión de las poblaciones locales en la gran inversión turística[139].

Conclusión

El capitalismo financiero y el Estado neoliberal han reforzado las empresas transnacionales, de entre las que se estudia la internacionalización de las cadenas hoteleras de matriz española, fundamentalmente balear, en Centroamérica y El Caribe. Su actividad extractiva y acumulativa de capital determina escenarios de conflictividad socioambiental por la privatización de tierras y agua, precariedad laboral, degradación democrática y del empresariado local. Su epítome son los enclaves a modo de búnker de sol y playa bajo la modalidad del “todo incluido” –hoteles, urbanizaciones cerradas, campos de golf y cruceros turísticos– asimilables a megaproyectos urbanos gentrificados. El turismo internacional participa así de la construcción de nuevas geografías del miedo, ampliando el alcance de las políticas seguritarias que han acompañado el régimen financiero y el neoliberalismo. Los enclaves turísticos ponen de manifiesto este miedo con arquitecturas de búnker y coches de todo terreno y blindados para conducir a sus directivos a los “cerrados” en los que residen estos trabajadores de “cuello blanco”. Así se reproduce el modelo de las “Islas de orden y temor en medio de océanos de entropía y pobreza”[140]. La polarización entre centro y periferia del sistema-mundo capitalista se demuestra por el contraste entre los casos de las Islas Baleares respecto de El Caribe y Centroamérica. Las dimensiones ocultas del “éxito corporativo” de los “búnker playa-sol” se identifican y evalúan por las movilizaciones sociales críticas. Estas movilizaciones cristalizan el conflicto social asociado al turismo que a menudo se articulan aisladamente, sin compartir experiencias ni conocimientos. Este trabajo ha pretendido establecer una serie de tipologías de acuerdo a unos patrones comunes a la luz de las teorías de la gentrificación y de la acumulación por desposesión. El conocimiento colectivo y el apoyo entre las diferentes organizaciones sociales protagonistas de esos conflictos pueden ayudar a la mejora de las condiciones de vida y de la democracia político-económica de las comunidades en las que el turismo adquiere protagonismo.

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-368.htm

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s